Introducción

Cuando los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México negociaron el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte en 1993 estaban conscientes de la naturaleza innovadora y sin precedentes de lo que estaban emprendiendo. Nada similar se había intentado antes en el área laboral. Por esta razón se decidió incluir en el Acuerdo un proceso de revisión: Cuatro años después de la entrada en vigor, el Consejo Ministerial revisaría el "funcionamiento y efectividad" del ACLAN, como parte de sus responsabilidades de "supervisar la aplicación de este Acuerdo y elaborar recomendaciones sobre su desarrollo futuro" (Artículo 10). El Acuerdo entró en vigor el primero de enero de 1994 y la "revisión cuadrienal" dio inicio en 1997. Los resultados de este proceso se discutieron en la Reunión del Consejo Ministerial de octubre de 1998 en Charlottetown, Isla del Príncipe Eduardo. Tanto el proceso como las conclusiones de esa revisión constituyen una parte significativa de este informe anual.

El ACLAN estableció un nuevo patrón internacional para la aplicación de la legislación laboral. El modelo que se usaba anteriormente para tratar los asuntos laborales a nivel internacional se había enfocado en la creación de estándares internacionales sobre el contenido de las normas laborales (las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo). El enfoque que se siguió en América del Norte presupone que el contenido se da en las legislaciones laborales nacionales y se concentra en definir las normas internacionales para su aplicación. Ésta es su innovación más importante. Estas normas de aplicación están incluidas en las seis "Obligaciones" del Acuerdo laboral y se refieren a asuntos tales como las medidas gubernamentales para aplicar la legislación, el derecho de acceso de los particulares a los procedimientos y las garantías procesales.

Los tres países hicieron un compromiso firme para que sus actos de gobierno fueran abiertos al permitir que las otras Partes pudieran revisar sus procedimientos de aplicación de la ley e invitando al público a presentar ante su propio gobierno sus preocupaciones sobre la aplicación de la legislación laboral en el territorio de las otras Partes en un proceso formal. Estas comunicaciones públicas fueron palpables en 1998, han sacado a colación muchas cuestiones importantes en materia de legislación laboral y se describen brevemente en éste y en los anteriores informes anuales.

El proceso de las comunicaciones públicas amerita en sí una reflexión. En primer lugar, se inicia con un esfuerzo importante de investigación e indagación de hechos por parte de quienes promueven una comunicación pública, que son a menudo sindicatos o bien organizaciones no gubernamentales. Las comunicaciones pueden tomar la forma de descripciones y análisis detallados de diversos aspectos de la legislación laboral y concentrarse en la forma en que se aplica dicha legislación. Después de recibir una comunicación pública, las Oficinas Administrativas Nacionales, cada una de acuerdo con su propia normatividad, evalúa la comunicación y con frecuencia realiza investigaciones e indagaciones adicionales, además de consultas con las otras Partes. El resultado, en caso de que se acepte la comunicación, es la elaboración y difusión de un informe público en el que se incluye un análisis con información más detallada sobre el tema en cuestión. En este punto pudo también haberse celebrado una sesión pública o algún otro foro. A menudo la cobertura de la prensa ha sido importante y en ocasiones ha habido comentarios de la comunidad académica.

Si un gobierno decide solicitar consultas ministeriales con otro como resultado de la revisión en los términos mencionados de una comunicación pública, lo cual ha ocurrido en aproximadamente la mitad de los casos hasta la fecha, entonces se dedica más trabajo y atención a las cuestiones que se han presentado. Los procesos de seguimiento a raíz de las Consultas Ministeriales han incluido tanto reuniones muy específicas y revisiones en las que se examinan circunstancias particulares, como foros públicos y académicos, además de investigaciones adicionales sobre el tema en cuestión.

Estos asuntos son por lo general complicados desde una u otra perspectiva. Los gobiernos de América del Norte merecen el crédito por su compromiso hacia la democracia y la apertura al público, además de la buena voluntad y cooperación internacional que han manifestado al participar de buena fe y con transparencia en revisiones cuyo tema central son las propias responsabilidades de los gobiernos. El impacto de estos procesos de revisión, exposición y debate no es necesariamente inmediato, pero se va haciendo visible en áreas que de manera directa o indirecta pueden relacionarse con el proceso de las comunicaciones públicas. Está funcionando.

John S. McKennirey
Director Ejecutiv